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En una cárcel dorada


Tras su incapacitación ordenada por el Rey, el Infante viéndose limitado en su libertad de movimientos, pensó en buscar una salida. Así es como puso su caso en manos del abogado Albornoz, conocido por su filiación republicana (foto). Por otro lado, desde el entorno de la Familia Real se especulaba de la situación mental del Infante. Aconsejado por su abogado, el Infante se sometió a un examen médico por los reconocidos doctores Luis Simarro y su ayudante Gonzalo Rodríguez Lafora, quienes lo examinaron y elaboraron un detallado informe donde se llegaba a la siguiente conclusión:
“(...) en modo alguno han pensado (ni sospechado) en enfermedades nerviosas o mentales. En efecto, semejante sospecha según resulta del reconocimiento y examen ejecutado por los infrascritos firmantes, no estaría de manera alguna justificada, y por lo tanto, NO PODRÍA PONERSE EN DUDA SU CAPACIDAD CIVIL “
Ante esta situación Antonio de Orleáns se rebela y, conociendo la imposibilidad de materializar la venta de sus propiedades en Italia si no comparece personalmente, decide estudiar la manera de salir de España. Para ello contactó a primeros de julio de 1919 con el abogado Alberto Pazos Borrero de Sevilla. La idea de recobrar la libertad se había convertido en una obsesión para el Infante. Antonio de Orleáns desde su residencia de Sanlúcar de Barrameda empezó a cruzar con sus abogados cartas, donde expresaba que su Palacio era como “una cárcel dorada”, en la que se sentía secuestrado, pues no le permitían salir, ni hablar con personas extrañas de las que le custodiaban. En un principio el abogado Albornoz pensó en acudir a la justicia ordinaria para impugnar el decreto de incapacidad, pero pronto se dio cuenta que esta demanda ante los tribunales españoles sería inútil y que lo mejor sería huir de España...